Contratación pública y retirada de amianto en Cataluña: cómo afectará la ley a obras y servicios públicos
El Informe de la Dirección General de Contratación Pública, de fecha 22 de enero de 2024, analiza las medidas en materia de contratación que incorpora el anteproyecto de ley para la gestión y retirada del amianto en Cataluña.
La futura ley del amianto no solo afecta a propietarios privados, comunidades de vecinos o empresas especializadas. También tendrá una incidencia directa en la contratación pública, especialmente en obras, servicios, mantenimiento de edificios, rehabilitación, gestión de residuos y actuaciones sobre infraestructuras públicas.
Este informe es importante porque estudia cómo debe integrarse el objetivo de retirar el amianto dentro de los contratos públicos de la Generalitat, ayuntamientos y otros entes del sector público catalán.
Por qué la contratación pública es importante en la retirada del amianto
La retirada del amianto en Cataluña exigirá una actuación coordinada entre administraciones públicas, empresas especializadas y profesionales técnicos.
Muchos edificios e infraestructuras de titularidad pública pueden contener materiales con amianto, especialmente si fueron construidos o reformados antes de la prohibición de este material. Esto puede afectar a equipamientos municipales, edificios administrativos, instalaciones deportivas, centros educativos, naves, redes antiguas o infraestructuras de servicio público.
Cuando una administración tenga que intervenir en estos elementos, deberá hacerlo mediante contratos públicos de obras, servicios, asistencia técnica, inspección, gestión de residuos o retirada especializada.
El papel de los contratos públicos en la futura ley del amianto
El anteproyecto de ley prevé que las administraciones públicas incorporen de forma transversal el objetivo de gestión y retirada de materiales con amianto en las cláusulas sociales y medioambientales de los contratos públicos, siempre que sea adecuado por razón del objeto del contrato.
Esto significa que la retirada del amianto podrá tener presencia en licitaciones públicas relacionadas con:
- Obras de rehabilitación de edificios públicos.
- Mantenimiento de equipamientos municipales.
- Reformas en centros educativos, deportivos o sanitarios.
- Actuaciones en cubiertas de fibrocemento.
- Demoliciones o desconstrucciones.
- Gestión y transporte de residuos peligrosos.
- Diagnóstico y detección de materiales con amianto.
- Servicios técnicos de inspección, control y certificación.
Contratación pública y cláusulas ambientales
La futura ley conecta la retirada del amianto con la contratación pública responsable. La inclusión de criterios ambientales puede ayudar a que los contratos públicos no se limiten a ejecutar una obra, sino que también contribuyan a mejorar la salud pública y reducir riesgos ambientales.
En este sentido, los pliegos de contratación podrán incorporar exigencias vinculadas a la identificación de materiales con amianto, su retirada segura, la trazabilidad del residuo y el cumplimiento de la normativa aplicable.
La contratación pública se convierte así en una herramienta para acelerar la eliminación progresiva de la uralita y otros materiales con amianto en edificios e instalaciones públicas.
Qué pueden exigir los pliegos de contratación
En función del tipo de contrato, los pliegos administrativos y técnicos podrán incorporar condiciones relacionadas con el amianto.
Entre las exigencias posibles se encuentran:
- Identificación previa de materiales sospechosos de contener amianto.
- Obligación de realizar diagnósticos técnicos antes de intervenir.
- Contratación de empresas habilitadas para trabajos con amianto.
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
- Gestión del residuo en instalaciones autorizadas.
- Acreditación documental del transporte y depósito del residuo.
- Coordinación con la dirección facultativa y responsables de seguridad.
- Medidas de protección para trabajadores y usuarios del edificio.
Estas condiciones serán especialmente importantes en contratos de rehabilitación, mantenimiento o demolición de edificios antiguos.
Obras públicas con presencia de amianto
Cuando una obra pública afecte a un edificio o infraestructura con materiales con amianto, la administración contratante deberá prever esta circunstancia desde la fase de proyecto o licitación.
No hacerlo puede generar retrasos, sobrecostes, modificaciones del contrato, riesgos para los trabajadores o paralización de la obra.
Por ello, la detección previa del amianto será una cuestión esencial antes de licitar determinadas actuaciones. En edificios antiguos, cubiertas de fibrocemento, bajantes, depósitos o conducciones pueden condicionar el alcance técnico y económico del contrato.
La retirada de uralita en contratos públicos
La uralita o fibrocemento con amianto es uno de los materiales más frecuentes en edificios e instalaciones antiguas. En el ámbito público, puede encontrarse en cubiertas de almacenes municipales, equipamientos deportivos, edificios auxiliares, instalaciones industriales o elementos de saneamiento.
La retirada de uralita dentro de un contrato público no puede tratarse como una simple partida de demolición. Requiere planificación específica, intervención de empresas autorizadas, protección de trabajadores, gestión segura del residuo y acreditación documental.
La futura ley refuerza esta idea al integrar la retirada del amianto dentro de una política pública transversal.
Empresas especializadas y solvencia técnica
La contratación pública en materia de amianto exigirá prestar especial atención a la capacidad técnica de las empresas licitadoras.
En contratos donde exista retirada o manipulación de materiales con amianto, será esencial comprobar que la empresa dispone de la habilitación, formación, medios técnicos y experiencia necesarios.
Esto puede afectar a los criterios de solvencia, a las condiciones de ejecución y a la documentación que deba aportar el contratista durante la licitación y durante la ejecución del contrato.
Prevención de riesgos laborales en contratos con amianto
La retirada de amianto es una actividad especialmente sensible desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales.
En los contratos públicos, la administración deberá asegurarse de que la empresa contratista actúe conforme a las exigencias de seguridad aplicables, protegiendo tanto a los trabajadores como a usuarios, vecinos o terceros que puedan verse afectados por la intervención.
La coordinación de actividades empresariales, la planificación preventiva y la correcta gestión de los residuos serán aspectos determinantes.
Gestión documental y trazabilidad del residuo
Uno de los aspectos más importantes en la contratación pública vinculada al amianto será la trazabilidad documental.
La administración deberá poder comprobar que los materiales retirados han sido gestionados correctamente desde su identificación hasta su depósito final.
Esto puede incluir documentos de aceptación del residuo, justificantes de transporte, certificados de depósito, informes técnicos, fotografías, actas de obra y cualquier otra documentación que acredite una gestión segura y legal.
Impacto para ayuntamientos y entidades locales
Los ayuntamientos pueden tener un papel especialmente relevante en la aplicación práctica de la futura ley del amianto.
Además de sus propios edificios e instalaciones, pueden verse implicados en contratos de mantenimiento urbano, equipamientos municipales, obras de rehabilitación, actuaciones en colegios, instalaciones deportivas o servicios de recogida y gestión de residuos.
Por este motivo, será importante que las entidades locales incorporen criterios claros sobre amianto en sus pliegos cuando el objeto del contrato pueda implicar contacto con materiales de fibrocemento o residuos peligrosos.
Contratación pública y seguridad jurídica
La inclusión del amianto en la contratación pública puede mejorar la seguridad jurídica de las actuaciones.
Cuando los pliegos prevén de forma clara cómo debe identificarse, retirarse y gestionarse el amianto, se reducen los riesgos de conflictos durante la ejecución del contrato.
También se evitan situaciones en las que la presencia de materiales con amianto se descubre tarde, obligando a suspender trabajos, modificar presupuestos o rehacer la planificación de la obra.
Relación con propietarios y comunidades de vecinos
Aunque este informe se centra en contratación pública, sus criterios también tienen interés para propietarios privados y comunidades de vecinos.
La lógica es similar: antes de contratar una obra en un edificio antiguo, conviene identificar si existen materiales con amianto. Si existen, la retirada debe contratarse con empresas habilitadas y con una correcta planificación técnica y económica.
Por tanto, la contratación pública puede servir como referencia de buenas prácticas para el sector privado.
Qué deberían tener en cuenta las administraciones antes de licitar
Antes de licitar obras o servicios en edificios antiguos, las administraciones deberían valorar la posible presencia de materiales con amianto.
Las recomendaciones principales son:
- Revisar la antigüedad del edificio o instalación.
- Identificar posibles cubiertas, bajantes, depósitos o conducciones de fibrocemento.
- Realizar diagnósticos previos cuando existan indicios.
- Incluir partidas específicas de retirada de amianto si corresponde.
- Exigir empresas habilitadas para trabajos con amianto.
- Prever la gestión segura del residuo peligroso.
- Coordinar la actuación con la dirección técnica y la prevención de riesgos laborales.
Conclusión
El informe de la Dirección General de Contratación Pública de 22 de enero de 2024 muestra que la futura ley del amianto en Cataluña tendrá una incidencia directa en la contratación pública.
La retirada de uralita y otros materiales con amianto no puede tratarse como una cuestión secundaria dentro de los contratos de obra o mantenimiento. Debe integrarse desde la planificación, la redacción de pliegos, la selección de empresas, la ejecución de los trabajos y la justificación documental de la gestión del residuo.
Para administraciones, empresas especializadas, técnicos y propietarios, este enfoque refuerza una idea fundamental: la retirada del amianto exige planificación, seguridad jurídica, solvencia técnica y control documental.
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