Anteproyecto de ley del amianto en Cataluña: claves de la gestión y retirada de la uralita
El Anteproyecto de ley para la gestión y retirada del amianto en Cataluña, visto en el Consell Tècnic el 9 de enero de 2024, constituye uno de los textos centrales de la futura regulación catalana sobre el amianto.
Este documento ya incorpora una estructura normativa completa y permite conocer cuáles serán los principales instrumentos de la futura ley: identificación de materiales con amianto, creación de censos, derechos y obligaciones, ayudas públicas, registro de empresas especializadas, gestión de residuos, inspección y régimen sancionador.
Para propietarios, comunidades de vecinos, administradores de fincas, empresas y profesionales técnicos, este anteproyecto es especialmente importante porque anticipa cómo se quiere organizar la retirada progresiva del amianto y del fibrocemento con amianto, conocido habitualmente como uralita.
Qué regula el anteproyecto de ley del amianto en Cataluña
El anteproyecto tiene por objeto establecer un marco jurídico común para que las administraciones públicas catalanas puedan actuar de forma coordinada en la gestión y retirada del amianto.
La norma no se limita a regular la retirada física de cubiertas de uralita. Su alcance es mucho más amplio, ya que incluye la detección, localización, planificación, financiación, formación, control, inspección, sanción y gestión de los residuos con amianto.
Entre sus finalidades principales se encuentran:
- Luchar contra los efectos nocivos del amianto sobre la salud de las personas, los animales y el medio ambiente.
- Facilitar la detección y localización de los materiales que contienen amianto.
- Garantizar la seguridad de trabajadores, profesionales y ciudadanía durante la gestión y retirada del amianto.
- Fomentar la coordinación entre administraciones públicas.
- Promover la información y sensibilización sobre los riesgos del amianto.
Qué son los materiales que contienen amianto
El anteproyecto utiliza el concepto de materiales que contienen amianto, también denominados MCA. Esta expresión se refiere a los materiales que contienen fibras de amianto, especialmente peligrosas cuando pueden liberarse al ambiente.
En edificios e instalaciones antiguas, estos materiales pueden aparecer en elementos muy diversos. El caso más conocido es el fibrocemento con amianto, comercialmente asociado durante años a la uralita.
Los materiales con amianto pueden encontrarse en:
- Cubiertas de fibrocemento.
- Placas onduladas de uralita.
- Bajantes y conducciones antiguas.
- Depósitos de agua.
- Elementos de ventilación o saneamiento.
- Aislamientos térmicos y acústicos.
- Instalaciones industriales antiguas.
- Edificios construidos o reformados antes de la prohibición del amianto.
Ámbito de aplicación de la futura ley
El anteproyecto prevé que la futura ley sea aplicable a la Administración de la Generalitat, a la Administración local, al sector público, a personas físicas y jurídicas con actividad en Cataluña y a personas que residan o presten servicios dentro del territorio catalán.
Esto significa que la regulación no afectará únicamente a la administración pública. También tendrá incidencia sobre propietarios privados, empresas, comunidades de propietarios, profesionales técnicos y operadores vinculados a la gestión y retirada del amianto.
Instrumentos principales de la política de retirada del amianto
Uno de los aspectos más relevantes del anteproyecto es la creación de varios instrumentos destinados a organizar la retirada del amianto en Cataluña.
Entre los instrumentos previstos destacan:
- La Comisión Catalana de Gestión y Retirada del Amianto.
- El Censo catalán de materiales que contienen amianto.
- El Plan nacional de gestión y retirada del amianto.
- El Fondo de gestión para la retirada del amianto.
- Las medidas de fomento, ayudas y sensibilización.
- El portal informativo sobre los materiales con amianto.
La combinación de estos instrumentos permite entender que la futura ley pretende crear una política pública estable y no únicamente una obligación puntual de retirada.
Derechos de la ciudadanía ante la presencia de amianto
El anteproyecto reconoce una serie de derechos a la ciudadanía en relación con la gestión y retirada del amianto.
Entre estos derechos se incluyen:
- Recibir información sobre las actuaciones de las administraciones públicas.
- Acceder a programas de apoyo, incentivos económicos, ayudas y subvenciones.
- Obtener información sobre la presencia de amianto en determinados supuestos.
- Acceder a la información del Censo catalán de MCA en los términos legalmente previstos.
- Disponer de información sobre prevención y salud relacionada con el amianto.
- Comunicar a la administración la posible existencia de materiales con amianto.
Estos derechos son importantes porque convierten la información y la transparencia en elementos centrales de la futura normativa.
Obligaciones de las administraciones públicas
El anteproyecto atribuye a las administraciones públicas catalanas un papel esencial en la gestión y retirada del amianto.
Entre sus obligaciones se prevén actuaciones como identificar, gestionar y retirar los materiales con amianto existentes en bienes e infraestructuras de su titularidad, elaborar y mantener actualizado el censo catalán, promover la detección de materiales con amianto, aprobar planes de inspección y mantener líneas de fomento para la retirada.
También se prevé que las administraciones incorporen el objetivo de retirada del amianto en determinadas cláusulas sociales y ambientales de la contratación pública, siempre que resulte adecuado por razón del objeto del contrato.
Obligaciones de propietarios, ciudadanía y empresas
El texto del anteproyecto también prevé obligaciones para la ciudadanía y para empresas que no se dedican específicamente a la retirada del amianto.
Entre las obligaciones más relevantes se encuentran:
- No utilizar ni manipular materiales con amianto salvo en los casos autorizados.
- Informar a la administración de ubicaciones con presencia de amianto cuando se perciban como una amenaza clara para la salud.
- Colaborar con la actividad de inspección y control.
- Mantener los inmuebles de su propiedad libres de materiales con amianto, de acuerdo con lo que establezca la ley.
Esta previsión es especialmente relevante para propietarios de edificios antiguos, comunidades de vecinos, titulares de naves industriales y propietarios de inmuebles con cubiertas, bajantes o depósitos de fibrocemento.
Obligaciones de los administradores de fincas
El anteproyecto presta una atención específica a los administradores de fincas y otros profesionales que intervienen en la gestión de inmuebles.
Entre las obligaciones previstas se incluyen comunicar la presencia de materiales con amianto a los propietarios, colaborar con el Censo catalán, informar sobre ayudas y subvenciones y asistir en la tramitación del certificado de presencia de amianto cuando corresponda.
Esto convierte a los administradores de fincas en agentes importantes dentro del proceso de identificación, información y gestión del amianto en edificios residenciales.
El Censo catalán de materiales con amianto
Una de las piezas principales del anteproyecto es la creación del Censo catalán de materiales que contienen amianto.
Este censo se plantea como un registro público de información sobre los materiales con amianto identificados en Cataluña. Su finalidad es ordenar la información disponible, facilitar el seguimiento de la retirada y permitir conocer la disminución progresiva de la presencia de amianto en el territorio.
El censo será especialmente importante para planificar actuaciones, priorizar intervenciones y coordinar la información entre Generalitat, ayuntamientos y otras administraciones públicas.
Censos municipales de amianto
El anteproyecto también contempla la integración de los censos municipales de amianto en el Censo catalán de MCA.
Esto significa que los municipios que ya dispongan de censos propios podrán integrarlos en el sistema general. En los municipios que no dispongan de censo, la información contenida en el Censo catalán podrá funcionar como referencia municipal.
Este sistema busca evitar duplicidades y mejorar la coordinación entre administraciones.
Certificado de presencia de amianto
Otra novedad destacada del anteproyecto es el certificado de presencia de amianto.
Este certificado se define como el documento que informa sobre la presencia o ausencia de amianto visible en un inmueble en el momento de su emisión. Su finalidad es dar cumplimiento al deber de información previsto en la futura ley.
En el ámbito inmobiliario, esta previsión puede ser muy relevante, especialmente en transmisiones de inmuebles, compraventas, operaciones patrimoniales y gestión de edificios antiguos.
Ayudas, subvenciones y medidas de apoyo
El anteproyecto prevé que las administraciones públicas puedan impulsar programas de apoyo, ayudas y subvenciones para promover la gestión y retirada de los materiales con amianto.
También se contempla la posibilidad de establecer medidas de simplificación administrativa, asesoramiento técnico y ventajas fiscales para los sujetos que acrediten la retirada de materiales con amianto.
Estas medidas serán esenciales para facilitar la retirada del amianto en comunidades de propietarios, viviendas particulares, edificios privados y pequeñas empresas.
Empresas habilitadas para retirar amianto
La retirada de materiales con amianto no puede hacerse por cualquier persona o empresa. El anteproyecto prevé que esta actividad se realice por empresas especializadas y habilitadas, con formación y capacitación adecuada.
Estas empresas deberán garantizar la seguridad durante la retirada, la protección de la salud pública, la custodia del residuo y su entrega en depósitos o instalaciones autorizadas.
La manipulación incorrecta del amianto puede liberar fibras peligrosas, por lo que la intervención de empresas capacitadas es una garantía esencial.
Registro de empresas y profesionales
El anteproyecto crea también un Registro de empresas y profesionales capacitadas para la gestión del amianto en Cataluña.
Este registro permitirá identificar a las personas físicas o jurídicas que realicen actuaciones vinculadas con los materiales con amianto y que cumplan los requisitos de calidad, formación y solvencia que se establezcan.
Además, la inscripción en el registro podrá ser relevante para acceder a ayudas, subvenciones u otras medidas impulsadas por las administraciones públicas catalanas.
Gestión de residuos con amianto
El anteproyecto establece que todo material con amianto retirado de su ubicación originaria constituye un residuo especial peligroso.
Por ello, la retirada debe ir acompañada de una gestión adecuada del residuo: recogida, transporte, almacenamiento, custodia y depósito en instalaciones autorizadas.
También se prohíbe abandonar, enterrar o depositar residuos con amianto en lugares no autorizados. Esta previsión es clave para evitar riesgos ambientales y sanitarios derivados de vertidos incontrolados.
Inspección y régimen sancionador
El anteproyecto dedica una parte importante al régimen de inspección, control y sanción.
La futura ley prevé la clasificación de infracciones, la identificación de sujetos responsables, la imposición de sanciones económicas y la posibilidad de adoptar medidas provisionales o de ejecución forzosa cuando sea necesario.
Esto significa que la gestión del amianto no se plantea únicamente como una recomendación, sino como una obligación controlable por la administración competente.
Qué deben hacer los propietarios ante este anteproyecto
Aunque el anteproyecto no es todavía la ley definitiva, su contenido permite anticipar algunas recomendaciones prácticas para propietarios y comunidades de vecinos.
Las principales recomendaciones son:
- Revisar si el edificio dispone de cubiertas, bajantes, depósitos o elementos de fibrocemento.
- No manipular materiales sospechosos de contener amianto.
- Solicitar asesoramiento técnico antes de adoptar decisiones.
- Valorar el estado de conservación de los materiales sospechosos.
- Informarse sobre futuras ayudas públicas para la retirada.
- Planificar las actuaciones con empresas habilitadas.
- Conservar documentación técnica sobre cualquier retirada realizada.
Conclusión
El anteproyecto de ley del amianto en Cataluña de 9 de enero de 2024 es un documento fundamental para entender cómo se pretende organizar la gestión y retirada del amianto en los próximos años.
El texto no se limita a la retirada de uralita, sino que construye un sistema completo basado en censos, planificación, derechos, obligaciones, ayudas, empresas habilitadas, gestión de residuos, inspección y sanciones.
Para propietarios, comunidades de vecinos, administradores de fincas, técnicos y empresas, este anteproyecto anticipa un cambio importante: la presencia de amianto en edificios e instalaciones dejará de ser una cuestión secundaria y pasará a formar parte de una política pública ordenada, controlada y progresiva.
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Artículo anterior: Informe jurídico preliminar de la ley del amianto en Cataluña
