Perspectiva de género en la ley del amianto en Cataluña: salud, trabajo y retirada segura

Perspectiva de género en la ley del amianto en Cataluña: salud, trabajo y retirada segura

El Informe del Institut Català de les Dones, emitido el 23 de febrero de 2024, analiza el impacto de género del anteproyecto de ley para la gestión y retirada del amianto en Cataluña.

La futura ley del amianto no se limita a regular materiales peligrosos, cubiertas de fibrocemento o residuos con amianto. También debe valorar cómo afectan sus medidas a mujeres y hombres, tanto desde el punto de vista de la salud como del trabajo, la información, la participación y el acceso a las ayudas públicas.

Este informe incorpora una idea relevante: la gestión del amianto debe abordarse desde una perspectiva transversal, teniendo en cuenta que los riesgos, las responsabilidades y el acceso a los recursos pueden no afectar de la misma forma a todas las personas.

Por qué la perspectiva de género es importante en la gestión del amianto

La retirada del amianto se relaciona con numerosos ámbitos: salud pública, prevención de riesgos laborales, vivienda, gestión de residuos, propiedad inmobiliaria, información a la ciudadanía y actividad económica.

Todos estos ámbitos pueden tener efectos diferenciados según la situación laboral, económica, familiar o social de las personas afectadas. Por ello, el informe considera necesario incorporar la perspectiva de género en el diseño, aplicación y evaluación de la futura ley.

La finalidad es evitar que una política pública aparentemente neutra pueda generar desigualdades no previstas en la práctica.

Qué analiza el informe de impacto de género

El informe revisa la futura norma a la luz de la normativa y de los principios de igualdad, transversalidad e interseccionalidad.

En este contexto, se analiza cómo puede afectar la ley a distintos colectivos vinculados al amianto:

  • Personas trabajadoras expuestas a materiales con amianto.
  • Profesionales de la retirada y gestión de residuos.
  • Propietarios y comunidades de vecinos.
  • Administradores de fincas y profesionales técnicos.
  • Personas afectadas por enfermedades relacionadas con el amianto.
  • Personal sanitario y de prevención.
  • Ciudadanía con menor acceso a información o recursos económicos.

Salud y exposición al amianto

La exposición al amianto puede afectar a personas que trabajan directamente con materiales con amianto, pero también a quienes han convivido, trabajado o residido en entornos donde existían estos materiales.

Desde la perspectiva de género, resulta importante que los sistemas de vigilancia sanitaria, prevención, diagnóstico e información no se centren únicamente en perfiles laborales tradicionalmente masculinizados.

La futura ley debe facilitar una atención adecuada para todas las personas expuestas, independientemente de si la exposición se ha producido en el ámbito industrial, doméstico, residencial o de cuidados.

Trabajo con amianto y prevención de riesgos laborales

La retirada de amianto es una actividad que exige formación especializada, equipos de protección, control médico y procedimientos estrictos de seguridad.

La incorporación de la perspectiva de género implica que la formación, los equipos de protección y las condiciones de trabajo deben ser adecuados para todas las personas trabajadoras.

La prevención no puede diseñarse sobre un único perfil físico o laboral. Debe contemplar la diversidad de personas que puedan intervenir en tareas de inspección, retirada, transporte, gestión de residuos, control o vigilancia sanitaria.

Igualdad en la formación y especialización profesional

La futura ley contempla medidas de formación vinculadas a la gestión y retirada de materiales con amianto. Esta formación puede abrir oportunidades profesionales en sectores de rehabilitación, prevención de riesgos, gestión de residuos, diagnóstico técnico y control administrativo.

Desde la perspectiva de género, es importante favorecer el acceso igualitario a estas actividades, especialmente en ámbitos tradicionalmente masculinizados como la construcción, la retirada de residuos peligrosos o la rehabilitación de edificios.

La formación especializada puede contribuir a mejorar la seguridad y, al mismo tiempo, a ampliar oportunidades laborales para mujeres y hombres.

Ayudas públicas y desigualdad económica

Las ayudas para retirar amianto pueden ser determinantes para propietarios y comunidades de vecinos. Sin embargo, no todas las personas tienen la misma capacidad económica para adelantar costes, tramitar subvenciones o afrontar obras complejas.

La perspectiva de género también debe tener en cuenta situaciones de vulnerabilidad económica, hogares monoparentales, personas mayores, propietarios con pocos recursos o comunidades con dificultades de financiación.

Una política de ayudas bien diseñada puede evitar que la obligación de retirar materiales con amianto recaiga de forma desproporcionada sobre quienes tienen menos capacidad económica.

Información accesible para la ciudadanía

La futura ley prevé instrumentos de información, sensibilización y difusión. Para que estos sean eficaces, deben ser claros, comprensibles y accesibles.

La información sobre cubiertas de uralita, bajantes de fibrocemento, riesgos de manipulación, ayudas públicas o retirada segura debe llegar a propietarios, inquilinos, comunidades y personas vulnerables.

La perspectiva de género y la interseccionalidad invitan a diseñar campañas que tengan en cuenta diferencias de edad, idioma, nivel de acceso digital, situación económica y conocimiento técnico.

La importancia de los datos desagregados

Para evaluar correctamente el impacto de la ley, será necesario disponer de información suficiente sobre personas trabajadoras, exposición, enfermedades relacionadas con el amianto, solicitudes de ayudas y participación en programas públicos.

Cuando sea posible y adecuado, disponer de datos desagregados puede ayudar a detectar desigualdades, mejorar la prevención y adaptar las políticas públicas a situaciones reales.

Esto puede ser especialmente útil en programas sanitarios, formación profesional, ayudas de rehabilitación y campañas de sensibilización.

Perspectiva de género en las administraciones públicas

Las administraciones responsables de aplicar la futura ley deberán integrar la igualdad en sus actuaciones de planificación, inspección, información, subvenciones y formación.

Esto no significa crear un sistema paralelo, sino aplicar la perspectiva de género de forma transversal en los instrumentos ya previstos: censos, planes, campañas, registros, ayudas y protocolos.

La coordinación entre departamentos de salud, igualdad, trabajo, vivienda y medio ambiente será importante para que esta integración sea efectiva.

Qué puede significar para comunidades de propietarios

En una comunidad de vecinos, la retirada de amianto puede afectar a personas con capacidades económicas, edades y situaciones familiares muy distintas.

Por ello, al planificar una actuación sobre una cubierta de fibrocemento, bajantes u otros elementos comunes, conviene valorar no solo el aspecto técnico, sino también cómo se informará a los propietarios, cómo se distribuirán los costes y qué ayudas públicas pueden solicitarse.

Una comunicación clara y una gestión ordenada pueden reducir conflictos y facilitar la adopción de acuerdos.

Qué deberían tener en cuenta empresas y profesionales

Las empresas de retirada de amianto, técnicos, administradores de fincas y responsables de prevención pueden contribuir a una aplicación más inclusiva de la futura ley.

  • Ofrecer información clara y comprensible.
  • Garantizar formación accesible y adecuada.
  • Aplicar medidas de seguridad adaptadas a las personas trabajadoras.
  • Evitar sesgos en la contratación y promoción profesional.
  • Informar sobre ayudas y alternativas de financiación.
  • Coordinarse con las administraciones cuando existan situaciones de vulnerabilidad.

Conclusión

El informe del Institut Català de les Dones recuerda que la futura ley del amianto en Cataluña debe incorporar la perspectiva de género de forma real y práctica.

La gestión y retirada del amianto afecta a la salud, el trabajo, la economía doméstica, la vivienda y el acceso a la información. Por eso, una regulación eficaz debe contemplar la diversidad de situaciones de las personas afectadas y evitar que las medidas generen desigualdades.

La retirada segura de uralita y otros materiales con amianto será más eficaz cuando combine rigor técnico, salud pública, financiación, accesibilidad e igualdad.

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